Piden inspección que fije el daño ambiental

[El Deber, Miguel Ángel Melendres 14/09/2015]
Unos 400 campesinos provenientes del municipio El Puente abrieron un canal ilegal sobre el Río Grande

Unos 400 campesinos provenientes del municipio El Puente abrieron un canal ilegal sobre el Río Grande

Tras la denuncia realizada el domingo, de que miles de hectáreas pueden verse afectadas con el desvío irregular de un canal de más de un kilómetro sobre el Río Grande, en la frontera entre la provincia Santistevan y la provincia Guarayos, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, sugirió la inmediata inspección para determinar los daños y abrir un proceso contra los responsables.

“Lo más importante es que se pueda hacer una inspección ocular entre autoridades del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) y la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT), porque posiblemente haya un atentado a la propiedad de tierras fiscales y al medioambiente.

Quizás amerite instaurar las acciones legales que correspondan en ambas instancias”, explicó Romero.

Aseveró que una intervención policial puede ser operable ante la solicitud expresa de una autoridad competente, por lo que pidió que la inspección sea lo más rápida posible.

La inspección
En un vuelo realizado el sábado por la parte denunciante, se observó la presunta invasión de unos 400 campesinos provenientes del municipio El Puente y la construcción de un canal de más de un kilómetro de longitud, frente a predios productivos.

Se teme que esto ocasione que las aguas del río ingresen a las áreas de cultivos de soya, maíz y sorgo y afecten a dicha producción.

Respeto a la ley

A su vez, Alejandro Díaz, uno de los propietarios de 2.800 hectáreas, de las 30.000 afectadas, por el canal irregular, manifestó que ya la Gobernación de Santa Cruz, junto al Servicio de Encauzamiento de Aguas y Regularización del Río Piraí (Searpi), deberían velar para que no se modifiquen sin estudio previo y sin soporte técnico los cauces de los ríos.

“Nadie está por encima de la ley para modificar cursos de ríos sin estar avalados por organismos competentes. El delito ya es flagrante. La gobernación y Searpi deberían ser parte querellante.

Aquí no se está respetando nada para hacer un reencauzamiento con un estudio serio”, señaló. En Searpi se indicó que se trata de un delito ambiental

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