Ven lentitud de la Fiscalía en investigación de Río Grande

[El Deber, Hilton Heredia García, 24/09/2015]
Proceso Investigativo Campesinos Del Municipio El Puente Están En La Mira De La Justicia

Proceso investigativo campesinos del municipio El Puente están en la mira de la justicia

Unos 400 campesinos están decididos a alterar el cauce del Río Grande (municipio Chané) y están a punto de culminar la construcción ilegal de un dique y un canal para desviar las aguas a sus tierras. Mientras los lugareños avanzan a todo ritmo, el Ministerio Público recién anuncia la conformación de una comisión de fiscales para inspeccionar el área. La Gobernación de Santa Cruz se molesta y denuncia que están ‘solos’ en este accionar. Desvela que ni la Autoridad de Bosques y Tierra (ABT), ni el INRA ni el Gobierno se han sumado a la denuncia.

Luis Fernando Roca, secretario jurídico de la Gobernación, expresó su preocupación por la lentitud de la investigación por parte de la Fiscalía, pues ellos sentaron la denuncia el 16 del presente mes. El propio fiscal Gómer Padilla se comprometió en esa fecha a crear una comisión para indagar el caso. En la oportunidad se designó a Mirtha Mejía, encargada de Medio Ambiente para encabezar las investigaciones.

Según Roca, el lunes la fiscal sobrevoló la zona y verificó la ilegalidad. El martes tuvo una explicación técnica de parte de los personeros del Searpi y se dejó en claro que la desviación de las aguas es contraria a la ley. En tal sentido, solicitó a la Fiscalía ordenar el desalojo y aprehensión de los denunciados y que se repare el daño.

“Aquí se debe actuar de manera inmediata. El Ministerio Público debe ir con la Policía y aprehender a los responsables. Aquí hay una vista gorda de la Fiscalía con relación al hecho delictivo”, dijo el secretario jurídico del gobierno local.

Alistan una estrategia
El fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero,informó de que una comisión de fiscales visitará la zona para verificar la construcción del dique y del canal.
“A partir de ello se tomarán las declaraciones de las personas que estén involucradas en este tema. Hemos instruido realizar las investigaciones. Se trabaja en el análisis”, acotó.

Gómer Padilla, fiscal de distrito, prometió que a partir de la verificación se adoptará una estrategia investigativa.
Luis Aguilera, director del Searpi, aseveró que las autoridades sí o sí deben impedir la obstrucción del río y cerrar la ‘boca’ del canal, caso contrario se perderán miles de hectáreas cultivadas por inundaciones.
Anticipó que se ha identificado a los dirigentes involucrados en la ilegalidad. También denunció que los lugareños que trabajan en el área amenazaron a la comisión regional

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