BOLIVIA: MEGAPROYECTO HIDROELÉCTRICO AMENAZA COMUNIDADES GUARANÍES

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[ PATIO ROJO/ CECILIA NIEZEN/ 10 DE JUNIO DE 2018 ]

Telma Tiguaya nació en Tatarenda Nuevo y dice que allí se va morir. A sus 76 años, nunca vio amenazada su casa, la casa de sus familiares, la casa de sus amigos, y mucho menos, su territorio.

Tatarenda Nuevo, a unas tres horas al sur del departamento de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, es una de las comunidades que sería impactada directamente por la construcción del megaproyecto hidroeléctrico Rositas, que impulsa el Gobierno boliviano. Este proyecto se construiría sobre el río Grande, en el límite de las provincias de Valle Grande y Cordillera.

La presa que se levantará, según datos oficiales, generará un embalse que inundaría aproximadamente 50.000 hectáreas, afectando a unas 12 comunidades guaraníes, entre ellas la de Telma Tiguaya. El objetivo: producir energía (600 MW de potencia instalada) para exportar a Brasil.

Las autoridades bolivianas dicen que las poblaciones afectadas serán reubicadas y compensadas y hablan de este proyecto como “el sueño cruceño”. Pero basta visitar esta comunidad para saber que de sueño hay poco y que lo que viven hoy más de 250 familias se asemeja a una pesadilla.

La señora Tiguaya, una de las mayores del pueblo, es enfática. “A mí no me informaron, ni me consultaron, y hubiese dicho que no porque aquí vivimos tranquilos, con algunas necesidades, pero tranquilos. Cultivamos nuestros alimentos, tenemos nuestros animales y ahora quieren desaparecernos para hacer una hidroeléctrica con los chinos”, dice.

Este proyecto ha estado en carpeta por más de cuatro décadas, pero el presidente Evo Morales, a través de la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE), firmó en 2016 un contrato por US$1000 millones con un consorcio chino para desarrollarlo. El Gobierno asegura contar con el aval de la

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Asamblea de Pueblos Guaraníes (APG). Sin embargo, los habitantes de Tatarenda Nuevo niegan que el proyecto se haya sociabilizado y consultado, y denuncian irregularidades en el proceso.

¿Cómo entre indígenas nos hemos hecho esto?

En una asamblea de la comunidad, los vecinos discuten sobre las acciones a tomar. Se sienten invisibles ante sus propias autoridades centrales. Cuestionan el carácter “indigenista” de su Gobierno. Dicen que en su país no se entiende realmente lo que representan el territorio y los bienes naturales para los pueblos indígenas. Afirman haber respaldado el proceso de cambio en Bolivia y expresan sentirse defraudados.

Telma Tiguaya me pregunta: “¿Cómo entre hermanos indígenas guaraníes nos hemos hecho esto?”. Toma su bastón y sale del salón comunal para unirse a un grupo de mujeres y hombres de la zona que posan para un retrato fotográfico. Con una pancarta que dice “No a la hidroeléctrica Rositas”, muestran su oposición a este proyecto y nos piden que este caso se difunda más allá de Bolivia. La voz que más se oye es la de Tiguaya, que en guaraní pregunta nuevamente: “¿Por qué están haciendo esto? ¿Cómo que nos van a mover de aquí? Este es nuestro territorio”.

Las familias de Tatarenda Nuevo se dedican principalmente a la agricultura y tienen sus cultivos en la ribera del río Grande, a unos seis kilómetros de la comunidad. Cultivan maíz, yuca, plátano, papa, caña. Además, pescan, lo cual asegura su alimentación diaria.

Benito Changaray Quiroga, mburuvicha (autoridad) de esta comunidad, reafirma que no hubo consulta y que este derecho tampoco está garantizado mientras avanza el proceso para el desarrollo de la megarrepresa. “Las autoridades quieren creer que todos estamos de acuerdo, pero a nosotros no se nos consultó y seremos directamente afectados”, explica.

Changaray pide que el caso se revise, y aclara que no puede primar el criterio de cantidad. “No se puede hablar de quinientas personas o mil personas que se oponen a un gran proyecto energético versus miles que serían beneficiados, como si fuésemos un simple número”. Changaray da tres razones: se trata de un territorio comunitario de origen; el impacto para las poblaciones indígenas y campesinas desplazadas, y para el ecosistema, será enorme; y simplemente se han vulnerado derechos.

La comunidad de Yumao, se opone también a este megaproyecto. Ambas han presentado una Acción Popular en contra de su construcción. Aunque aún no ven una respuesta clara de las autoridades pertinentes, aseguran que no cesarán en su demanda y que acudirán a las instancias que sean necesarias para defender sus territorios.

(Reporte desde Santa Cruz de la Sierra, Bolivia).

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