Al menos 4 agroquímicos prohibidos en el mundo aún se venden en Bolivia

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[LENY CHUQUIMIA/ PAGINA SIETE/ SANTA CRUZ/ 18 DE JUNIO DEL 2018]

Al menos cuatro plaguicidas  prohibidos en varios países del  mundo son de venta libre en Bolivia. El uso de estos   agroquímicos puede generar daños neurológicos, cáncer, hipotiroidismo e incluso la muerte. El Ministerio de Salud evalúa por primera vez  los pesticidas que ingresan al país en miras a  la restricción de   los más nocivos.

Paraquat, 2.4-D, Fipronil, Cipermetrina, Endosulfán y Monocrotophos están prohibidos a nivel mundial y los dos últimos específicamente en Bolivia. No obstante, pese a su probada toxicidad, todos abundan en el mercado  formal e informal.

Datos presentados por la ONG Probioma (Productividad Biósfera y Medio Ambiente) evidencian que entre 1999 y   2017,  la importación legal de agroquímicos se incrementó en Bolivia de 25 millones  de kilos anuales a  152 millones de kilos. Adicionalmente, al menos el 30%  de esa cantidad entra por contrabando.

“Estamos hablando de alrededor  200 millones de kilos de agroquímicos que entran al país.  Santa Cruz  consume y utiliza el 70%”, informa el director de Probioma, Miguel Ángel Crespo.

El riesgo radica en los daños a la salud y al medioambiente que puede ocasionar el uso de pesticidas cuestionados.  En Argentina, por ejemplo,  la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Rosario identificó  en comunidades cercanas a   zonas agrícolas  un incremento de  enfermedades relacionadas con  agrotóxicos. Alergias,  abortos,  tumores,  hipotiroidismo y cáncer, entre ellas.

Según el director de Investigación de la Universidad Ecológica (UNE) de Santa Cruz , Jorge Crisosto,  este riesgo aún no ha sido visibilizado en Bolivia pero existe. “Nuestros estudiantes de medicina están en contacto con la comunidad y  hay  elementos que llaman la atención al respecto”, sostiene.

El pasado 15 de mayo, el Ministerio de Salud inició la evaluación de  los  químicos de uso agrícola. Sólo si cumplen los requisitos, estos productos obtendrán  la  certificación del Comité Nacional de Plaguicidas que permitirá su importación y distribución.

“Por primera vez el Ministerio de Salud está trabajando en este tema de evaluación toxicológica de los agroquímicos”, declaró entonces el jefe de la Unidad de Salud Ambiental de la cartera de estado, Daniel Cruz.

Venenos  de  venta libre

Los plaguicidas son substancias tóxicas, orgánicas e inorgánicas destinadas a prevenir, controlar y eliminar plagas y vectores. Conocidos también como biocidas, son peligrosos para la salud de las personas y del medioambiente. Los más afectados son los agricultores  y fumigadores que están en contacto directo con los químicos.

En Santa Cruz –el corazón del agro boliviano– la venta de estos productos se ha convertido en un negocio en alza. A diario e se publican avisos  de  alquiler o venta  de casas y terrenos “ideales para venta de agroquímicos” en San Julián, Montero u otras zonas  agrícolas. Se ofrecen también   prometedores empleos para vendedores y promotores de estos “insumos”.

 En tiendas a lo largo de la carretera al norte integrado o en  internet es  común la oferta  –con  “entrega en deposito”– de agroquímicos como el  Paraquat o el 2.4-D. Estos productos están disponibles para Santa Cruz, el Chapare cochabambino o los Yungas paceños y se venden  sin control y sin información  de su nivel de toxicidad.

“Las yerbas se vuelven resistentes cuando se usa un solo producto, por eso el gifosato ya no es suficiente, sobre todo en la soya. Antes de la siembra hay que usar el glifo en una primera aplicación  y en una segunda, el Paraquat. Es como  dar un  doble golpe. Lo puede usar sin problemas”, señala un vendedor.

Ofrece el  secante (Paraquat) a cinco dólares el litro. “Se lo dejo en su depósito, la cantidad que pida. Ahorita tengo disponibles unos 20.000 litros”, afirma.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) clasifica  a los plaguicidas en dos   clases:  Ia (extremadamente tóxicos) e Ib (altamente tóxicos). Los agroquímicos de la categoría Ia son conocidos como de etiqueta roja por la franja que acompaña al símbolo de la calavera; el Paraquat es uno de ellos.

Su venta está prohibida en  Europa y estudios estadounidenses evidenciaron que el uso de este agroquímico puede derivar  en el desarrollo del mal de  Parkinson y la degeneración del sistema nervioso. Sin embargo en Bolivia el estatus del Paraquat es simplemente “restringido”.

“El Gifosato, el Paraquat y el 2.4-D están siendo usados  cada vez más en los cultivos de soya.  Hasta 1999 se utilizaba  12 kilos de estos productos por hectárea;   ahora se llega a 36 kilos”, explica el director de Probioma.

El 2.4-D  que Crespo menciona pertenece al grupo de los herbicidas orgánicos sintéticos denominados Clorofenólicos o Fenoxi. La  sustancia fue parte de la composición  del controversial Agente Naranja, químico  utilizado por los militares estadounidenses como parte de su programa de guerra química en la operación Ranch Hand, en Vietnam (1961-1971).

Se estima que 500 mil  niños nacieron con malformaciones congénitas como consecuencia de la exposición al 2.4-D.  La Cruz Roja vietnamita reportó un millón de personas  con discapacidad  o problemas de salud a causa del químico. Estados Unidos no admitió responsabilidad alguna.

 En 2015 la Agencia Internacional de la Investigación sobre el Cáncer (IARC) de la OMS  alertó sobre los posibles efectos carcinogénicos del 2.4-D . Estudios de otros países demostraron que el herbicida causa un aumento del número de espermatozoides anormales en los agricultores expuestos; además de  alteraciones endocrinas y del  sistema hormonal. Su uso fue prohibido en varios países, incluso la vecina Argentina.

La vía de contrabando

“Según estimaciones del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag) el  30% de los agroquímicos que ya están en el país son  de contrabando”, indica Crespo.

Pese a las prohibiciones internacionales y  nacionales varios pesticidas altamente tóxicos ingresan al mercado ilegalmente. Su presencia  representa un riesgo.

En 2015,  Bolivia prohibió la importación, comercialización y uso del Endosulfán y  del Monocrotophos, dos plaguicidas de alto riesgo por su alto nivel cancerígeno. Sin embargo, ambos químicos aún se venden  en tiendas y distribuidoras de Santa Cruz. Su origen es el contrabando.

Para combatir  la plaga de langostas que azotó al país  entre  2016 y  2017, el Gobierno usó en las plantaciones  Fipronil y Cipermetrina. Desde entonces, estos químicos   ingresan  de forma ilegal y a precios mucho más bajos. La Unión Europea prohibió  estos pesticidas por su efecto letal sobre las abejas, aves  y otras especies benéficas.

Al ser internados de forma irregular, los plaguicidas no cuentan con registro sanitario  ni garantía de  calidad. Por desconocimiento o accesibilidad, los pequeños agricultores son los principales compradores.      No es el único riesgo.

Según datos del  Senasag durante  2017 se decomisaron 35 toneladas de agroquímicos que no cumplían con la normativa sanitaria. Muchos estaban vencidos, eran falsificaciones o no contaban con  registro sanitario.

El glifosato y la soya transgénica

Más del 90% de  la soya producida en Bolivia es transgénica y resistente   al glifosato. Esta característica permite usar ese herbicida en las plantaciones de  la única   semilla genéticamente modificada aprobada en el país. Durante todo el proceso del cultivo, el glifosato mata a hierbas y plagas sin afectar  a la  soya.

Desde su aparición en los años 70,  ecologistas y activistas han denunciado las consecuencias de este agroquímico. Pero no fue hasta el  2015 que  la OMS incorporó al glifosato en la lista de sustancias probablemente carcinógenas para los humanos.

 En los campos de soya transgénica  de  Bolivia, con el paso del tiempo y el uso constante del agroquímico, las malezas que antes eran eliminadas por el glifosato también se han vuelto resistentes. Ahora  demandan mayores cantidades y combinaciones de pesticidas tóxicos.

Además los cultivos han desarrollado enfermedades nuevas. Según el director de Probioma, esta situación se debe  a la ruptura del equilibrio ambiental ocasionado por el uso de químicos tóxicos y la inserción de  variedades transgénicas de contrabando.

 “Los transgénicos  no son la solución. Hemos ampliado la frontera agrícola, hay un aumento de los agroquímicos pero no hay un mayor rendimiento. Lo más preocupante es la desestructuración de la producción  alimenticia en desmedro de la nutrición. Estamos importando frutas, tubérculos y hortalizas que antes se producían en el país. Todo esto nos muestra un panorama desalentador pero a la vez representa un reto para que podamos trabajar en el tema”, afirma Crespo.

Los silos   están en medio de zonas urbanas en Santa Cruz.
Foto: Leny Chuquimia / Página Siete

Argentina: hipotiroidismo y cáncer  por los agrotóxicos

Hipotiroidismo, tumores y cáncer son algunas de las  consecuencias de la exposición a pesticidas, que fueron identificadas en las poblaciones asentadas en las zonas agroindustriales de Argentina. Los datos fueron relevados en  campamentos sanitarios de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Rosario.

“Al sistematizar los datos de estas poblaciones en las que trabajamos, lo primero que nos llamó la atención fue que dentro de la tasa bruta de incidencia de problemas de salud crónicos –junto  a la diabetes–  apareció el hipotiroidismo,  una enfermedad no prevalente”, informó el médico argentino y docente de la casa superior de estudios, Gabriel Keppl.

El especialista  y  su colega Gastón Palacios llegaron la semana pasada a Santa Cruz para  compartir sus experiencias en  varias actividades coordinadas con Probioma.

En Argentina el primer evento transgénico fue para la Soya en 1996. A partir de entonces  se ha expandido hasta  copar el 100% de  los cultivos de este grano. “Por lo registrado sabemos que en el caso del maíz sólo el  5% de los cultivos no son  transgénicos”, dijo Keppl.

Junto a la ampliación de la franja agrícola y los cultivos trans creció también el uso de los agroquímicos. Entre 1996 y 2013 su uso subió en  800%. Ese incremento se replicó no sólo  en la producción sino en la salud de los agricultores.

 En salud materno-infantil se consultó sobre  embarazos y su vía de finalización. Al igual que en el hipotiroidismo, en este índice se vio un incremento  de los abortos espontáneos en Acebal, Alcorta y Chabás, tres localidades agroindustriales. En la segunda los abortos subieron de cinco en cada cien entre  1994 y 1999 a 23 de cada 100 entre el 2010 y 2014.

En el caso de neoplacias  (masas anormales o tumores), hubo un alza de casos en mujeres de 220, tres por cada 100 mil  a 312,4 entre 2012 y 2016. En los varones, ese índice subió de 209,2 por cada 100 mil  a 353,5.

“La última comparación que hicimos fue respecto a los datos oficiales de cáncer en Argentina que el año 2012 llegaban  217 por cada 100 mil  habitantes. Encontramos que en el  año 2013 la tasa promedio  en las  localidades agroindustriales donde hicimos los campamentos sanitarios  era  de 397,4”, indicó Palacios.

En Bolivia, los datos del Sistema de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Salud (SNIS-V) muestran a la intoxicación como la única consecuencia relacionada a los plaguicidas. Según  datos del 2017,  Cochabamba, La Paz y Santa Cruz fueron los departamentos  con mayor cantidad de estos casos: 368, 248 y 167 respectivamente. Las cifras   de abortos no especifican si estos  fueron espontáneos ni sus circunstancias ambientales.

“Argentina produce  gran cantidad de los alimentos que se consumen en Europa. Más allá del  impacto inmediato  en las personas y en el medioambiente  es necesario tomar conciencia de su afectación en los  consumidores”, alertó Palacios.

Para combatir  la plaga  de langostas, el Senasag  usó Fipronil.
Foto: ABI

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