Gobierno mantiene expansión de frontera agrícola

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(La Razón/ Walter Vásquez, Marco A. Ibañez / La Paz, 04 de septiembre de 2019)

 

El Gobierno confirmó que mantendrá su plan de expansión del agro y anunció que —a causa de los incendios en el departamento de Santa Cruz— posiblemente se revisen “los procedimientos de intervención en algunas actividades productivas”.

Desde el 2000, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), la superficie cultivada en el país se incrementó en 83%, de 1,9 millones a 3,49 millones de hectáreas (ha), impulsada principalmente por la mayor siembra de girasol, frijol, sorgo y soya, entre otros como la alfalfa, que se utiliza principalmente para la alimentación de ganado productor de carne y del hato productor de leche.

Y esta expansión continuará con miras a las cuatro millones de hectáreas planificadas para 2020 y las aproximadamente 10 millones de hectáreas proyectadas para 2025, una decisión tomada años atrás por el Gobierno y ratificada el pasado 6 de agosto por el vicepresidente Álvaro García.

“Bolivia utiliza apenas el 4% de su territorio para la agricultura y hay gente que nos quiere prohibir que tengamos más agricultura. Podemos y debemos expandir nuestra agricultura y, a la vez, contribuir con la protección del medio ambiente (…). Nadie puede prohibirnos nuestro bienestar social, tenemos derecho y lo haremos”, dijo García durante su mensaje ante la Asamblea Legislativa.

La ampliación de “la frontera agrícola de la producción agroindustrial”, precisó la autoridad, se alcanzará por medio de “una alianza entre campesinos, industriales y el Estado a través de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB)”.

Este pacto para la producción de agrocombustibles, principalmente en Santa Cruz, contempla el cultivo de al menos 100.000 ha adicionales de caña de azúcar para etanol y 250.000 ha más de soya para biodiésel, entre otros, de acuerdo con fuentes oficiales.

“Tenemos actualmente en el departamento cinco millones de hectáreas destinadas a la producción agrícola y pecuaria”: 1,7 millones a la primera y 3,3 millones a la segunda, precisó a La Razón el presidente interino de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Óscar Mario Justiniano.

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, desestimó que los proyectos económicos “en curso”, que la administración de Evo Morales impulsa junto a los empresarios en territorio cruceño —entre ellos los agropecuarios—, se reajusten tras los incendios que sufre desde hace más de 40 días la zona de la Chiquitanía de ese departamento.

“Probablemente haya que hacer una revisión del plan de uso de suelo, o modificar los procedimientos de intervención en algunas actividades productivas, o haya que hacer una nueva zonificación”, dijo a La Razón Romero, coordinador de todos los programas que promueve el oficialismo en Santa Cruz, departamento que según CAO produce “el 73% de los alimentos de Bolivia”.

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Actividad. “Eso lo vamos a ir construyendo participativamente con los actores locales, a partir de la convocatoria que hizo el Presidente (Morales) para encarar la era posconflicto”, agregó.

Consultado sobre una posible modificación del plan de expansión agraria, el presidente interino de la Cámara Agropecuaria del Oriente, replicó: “¿Yo quisiera también preguntarle? Usted se pondría a tomar más áreas boscosas para expandir” los cultivos, “si es que usted puede producir más en ese terreno? No lo haría, porque es caro llegar a tener una expansión solo en área”.

“Nosotros le hemos pedido a este y a los gobiernos anteriores el acceso a la biotecnología”, que en el caso de la soya, por ejemplo, subiría el rendimiento en 30% en “la misma superficie cultivada”, lo que nos pondría a competir con los monstruos que tenemos como vecinos (Brasil y Argentina)” tanto dentro como fuera de Bolivia, explicó el empresario y aclaró que los incendios de este año se dan “principalmente en los parques naturales”, no en las tierras con vocación agropecuaria.

Este medio, consultó al viceministro de Desarrollo Rural y Agropecuario, Pedro Damián Dorado, si los incendios en la Chiquitanía cambiarán el plan de expansión de la frontera agrícola cruceña, pero la autoridad no respondió hasta el cierre de esta edición.

Pero ya el lunes pasado, el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, César Cocarico, defendió la continuidad de los asentamientos en la región chiquitana con el argumento de que así se garantizan los “alimentos en el futuro”.

El jueves siguiente, Morales se abrió a “modificar” la normativa relacionada con desmontes y chaqueos si “dirigentes, autoridades locales, todos los actores lo plantean”. En tanto, el primer mandatario instruyó una “pausa ecológica” en la zona chiquitana —la más golpeada por los incendios—, la cual se concretará a través de una ley e implicaría la suspensión por un tiempo aún por definir de la venta de tierras los nuevos asentamientos en la región.

Datos sobre el fuego en Santa Cruz

Extensión

La cifra de hectáreas afectadas por los incendios en la Chiquitanía, en el departamento de Santa Cruz, oscila entre 1,2 millones y 1,8 millones de hectáreas, de acuerdo con fuentes oficiales y entidades ambientalistas.

Impacto

Hasta el 25 de agosto, la superficie de hectáreas quemadas de bosque en la región chiquitana ascendía a 514.562 (41%) y a 751.627 (59%) la de pastizales, de acuerdo con un cálculo del Gobierno nacional.

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‘Hay un acuerdo político’ con agro cruceño

Fundación Tierra analiza la expansión de los cultivos, en especial en Santa Cruz

“Hay un acuerdo político” de los agroindustriales con el Gobierno “y el compromiso de parte de ellos de masificar el modelo agroempresarial en el país, con la producción de etanol, biodiésel y carne vacuna para exportar a China”, consideró el director de la Fundación Tierra, Gonzalo Colque, sobre el avance de la frontera agrícola en el país.

Este modelo de producción “no solo” se implementa “en Santa Cruz, sino también en Beni y el norte de La Paz. Entonces, hay una apuesta muy grande de cumplir con este objetivo del Gobierno nacional de llegar por lo menos a las 10 millones de tierras cultivadas” para 2025, afirmó el investigador.

Este acuerdo explica por qué la deforestación avanza a un ritmo de 200.000 hectáreas (ha) por año y por qué en Santa Cruz hubo en los últimos cinco años titulaciones irregulares de tierras que superan el millón de hectáreas anuales de medianas y grandes propiedades, indicó Colque.

Un estudio del Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (Cipca) muestra que en Bolivia la mayor parte de la tierra está en manos de medianas y grandes industrias.

Usos. Solo en el caso de la soya, el alimento que más se cultiva en el país, el 70% de la tierras con una extensión de más de 1.000 ha es de propiedad del 2% de los productores, mientras que el 78% de ellos es dueño de las tierras con una superficie menor a las 50 ha.

Datos difundidos por el Ministerio de Comunicación dan cuenta que entre 1953 y 1992, el 68% de las tierras tituladas durante ese periodo quedaron en manos de la pequeña y mediana empresa, el 30% en las de los pequeños productores y el 2% en otras. Entre 1996 y 2019, el 28% de las tierras tituladas se destinó a los Territorios Comunitarios de Origen y Territorios Indígenas Originario Campesinos; el 27% a campesinos e interculturales; el 14% a empresarios medianos y el 31% al control fiscal.

En Santa Cruz hay “más de 1.500 autorizaciones de asentamientos de comunidades campesinas en tierras fiscales y también más de 100 casos de tierras tituladas con extensiones mayores a 5.000 hectáreas, algo que no está permitido por la Constitución”, denunció Colque.

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